La reciente visita del presidente argentino Javier Milei a Chile ha generado una controversia que merece ser examinada con mayor profundidad que la que permiten las habituales trincheras entre izquierda y derecha.
Sus declaraciones en el V Encuentro Regional del Foro Madrid provocaron reacciones particularmente intensas. Milei habló del “derrocamiento del comunista Allende”, sostuvo que posteriormente Chile ingresó en un período de estabilidad y crecimiento, calificó de “zurdos mugrosos” a sectores de izquierda y, dentro de una reflexión más amplia sobre la disputa ideológica internacional, habló de quitar “el cáncer de la izquierda” de las instituciones.
Las expresiones son suficientemente fuertes como para producir controversia. Pero precisamente por ello resulta conveniente analizarlas sin convertir el análisis en una defensa de Milei, una reivindicación de Salvador Allende, una acusación contra José Antonio Kast o una defensa de la oposición.
Hay una cuestión anterior y posiblemente más importante: ¿cuáles son los límites políticos e institucionales que debe observar un jefe de Estado cuando visita otro país?.
Una diferencia fundamental: dirigente político y jefe de Estado
Javier Milei tiene pleno derecho a sostener una determinada interpretación ideológica de la historia. Lo mismo puede decirse de cualquier dirigente socialista, liberal, conservador, comunista, socialdemócrata o republicano.
Sin embargo, cuando quien habla es Presidente de una República, sus palabras adquieren inevitablemente una dimensión diferente.
Milei no estuvo en Chile solamente como referente internacional de una corriente política. Llegó también como Presidente de Argentina, sostuvo una reunión oficial con el Presidente de Chile y posteriormente participó de un encuentro político.
Esa doble condición hace necesario distinguir entre libertad de expresión política y responsabilidad de Estado.
Un mandatario puede tener convicciones profundas. Pero la diplomacia existe precisamente porque las relaciones entre Estados no pueden depender exclusivamente de las afinidades o diferencias ideológicas de quienes circunstancialmente gobiernan.
Hoy pueden coincidir dos presidentes ideológicamente cercanos. Mañana podrían gobernar personas completamente opuestas. Argentina seguirá siendo Argentina y Chile seguirá siendo Chile.
Allende pertenece a una discusión que los chilenos todavía no terminamos
Existe además una cuestión histórica especialmente delicada. Salvador Allende no constituye solamente un referente de la izquierda. Fue Presidente constitucional de la República de Chile.
Su gobierno, la crisis institucional que atravesó el país, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la posterior dictadura militar, las violaciones a los derechos humanos y las transformaciones económicas desarrolladas durante aquel período continúan formando parte de una discusión histórica y política que Chile mantiene consigo mismo.
Sobre ese período existen interpretaciones profundamente diferentes. Y probablemente seguirán existiendo.
Precisamente por ello cabe preguntarse si corresponde que un mandatario extranjero, mientras se encuentra en territorio chileno, establezca una interpretación categórica respecto de uno de los acontecimientos más traumáticos de nuestra historia.
El problema no consiste en prohibir una opinión.
Consiste en comprender desde qué investidura se formula esa opinión y dónde se formula.
Tampoco corresponde convertir una controversia en censura
El análisis requiere igualmente observar la otra cara del problema.
Sería contradictorio defender la democracia y, al mismo tiempo, sostener que determinadas interpretaciones históricas deben quedar excluidas del debate público.
Las palabras de Milei pueden ser cuestionadas, rechazadas o compartidas. Pero siguen formando parte de una discusión política.
Por eso quizás el problema central no sea determinar si Milei podía expresarlas, sino preguntarnos si era prudente que un Presidente extranjero las formulara en Chile en los términos en que lo hizo.
Legalidad, libertad y prudencia política no son necesariamente conceptos equivalentes.
Algo puede ser perfectamente legítimo y, sin embargo, resultar diplomáticamente inconveniente.
¿Debía responder Kast?
Aquí aparece la segunda controversia.
Desde distintos sectores políticos se ha acusado al presidente José Antonio Kast de guardar silencio o de no haber condenado las declaraciones de Milei.
También este asunto requiere cierta proporcionalidad.
Un Presidente de la República no está obligado a responder públicamente cada declaración realizada por otro mandatario. Convertir las relaciones internacionales en una sucesión permanente de réplicas y contrarréplicas tampoco parece particularmente responsable.
Pero existe una pregunta legítima:
¿En qué momento el silencio diplomático deja de ser prudencia y comienza a ser interpretado como consentimiento?
No existe una respuesta automática.
Kast optó por un discurso considerablemente más institucional y su gobierno posteriormente señaló que no correspondía transformarse en “comentarista” de las expresiones de Milei.
Puede discutirse si aquella decisión fue acertada. Pero resulta igualmente necesario distinguir entre no condenar una declaración y necesariamente compartirla. No son jurídicamente ni políticamente lo mismo.
La crítica al Presidente chileno debería concentrarse, por tanto, no en atribuirle palabras que nunca pronunció, sino en analizar si, por su condición de jefe de Estado, correspondía establecer una distancia institucional más explícita. Ese es un debate legítimo.
El lenguaje también importa
Hay otro aspecto que trasciende a Milei, Kast y la coyuntura política.
Expresiones como “zurdos mugrosos”, “cáncer de la izquierda” o cualquier equivalente utilizado desde el extremo contrario contribuyen a transformar al adversario político en una categoría moralmente inferior.
Una democracia necesita conflicto.
Necesita oposición.
Necesita diferencias profundas.
Lo que no necesita es que esas diferencias conviertan automáticamente al adversario en enemigo.
Cuando la política comienza a organizarse exclusivamente entre buenos y malos, patriotas y traidores, pueblo y antipueblo, fascistas y comunistas, progresistas y reaccionarios, termina desapareciendo el espacio intermedio donde normalmente funciona una democracia.
Esto vale para la derecha y para la izquierda.
La descalificación no se vuelve democrática dependiendo de quién la pronuncie.
Magallanes introduce una dimensión diferente
A la controversia ideológica se agregó un asunto que merece ser tratado separadamente: el Estrecho de Magallanes.
Aquí ya no estamos frente a interpretaciones históricas o calificativos políticos.
Estamos hablando de soberanía.
Chile y Argentina mantienen una relación estratégica construida durante décadas, sustentada en tratados, mecanismos diplomáticos, integración fronteriza, comercio y cooperación.
Por eso cualquier diferencia relacionada con soberanía territorial requiere un tratamiento especialmente cuidadoso.
Las afinidades políticas entre presidentes nunca deberían confundirse con los intereses permanentes de los Estados.
Kast y Milei pueden mantener una excelente relación personal y política. También podrían tenerla mandatarios de signo completamente contrario.
Pero la política exterior chilena debe trascender a Kast, del mismo modo que la política exterior argentina debe trascender a Milei.
Los gobiernos pasan.
Los Estados permanecen.
Una oportunidad para una discusión más profunda
Tal vez lo más interesante de este episodio no sean finalmente Milei ni Kast.
Somos nosotros.
Chile debería preguntarse qué estándares espera de quienes visitan el país, qué lenguaje considera compatible con las relaciones entre Estados y, especialmente, cuánto espacio estamos dejando para que nuestras diferencias políticas puedan discutirse sin convertirnos nuevamente en dos sociedades irreconciliables.
También deberíamos preguntarnos si reaccionaríamos de la misma manera si las expresiones provinieran de un mandatario ideológicamente cercano a nuestras propias convicciones.
Ese ejercicio es particularmente importante.
Porque la verdadera tolerancia democrática no se demuestra defendiendo el derecho a expresarse de quienes piensan como nosotros.
Se demuestra cuando aplicamos los mismos principios a quienes piensan exactamente lo contrario.
Javier Milei tiene derecho a sus convicciones.
José Antonio Kast tiene derecho a decidir cómo conducir diplomáticamente su gobierno.
La oposición tiene pleno derecho a cuestionar ambas cosas.
Y los ciudadanos tenemos derecho a examinar críticamente las tres posiciones.
Pero existe algo todavía más importante: Chile debe conservar la capacidad de construir sus propias interpretaciones históricas, resolver sus diferencias democráticamente y conducir sus relaciones internacionales conforme a sus intereses permanentes, independientemente de las afinidades ideológicas circunstanciales de quienes gobiernan.
Quizás allí se encuentre la reflexión que deja este episodio.
No preguntarnos solamente quién tuvo razón o quién debió responder.
Sino algo bastante más exigente:
¿qué clase de convivencia política queremos construir cuando quienes piensan distinto vuelven a encontrarse frente a frente?
Porque una democracia madura no se mide por la ausencia de diferencias.
Se mide por la capacidad de sostenerlas sin destruir el espacio común que permite seguir viviendo juntos.
Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista y analista de asuntos públicos
Con trayectoria en liderazgo social, participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil.
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor.