CGE, empresa que presta servicio de distribución eléctrica entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, informa un nuevo robo de cables eléctricos ocurrido en la comuna de Iquique, que dejó nuevamente en evidencia la acción de bandas organizadas que operan sobre infraestructura crítica, provocando interrupciones de suministro eléctrico que afectan a cientos de familias, así como también a instalaciones estratégicas, entre ellas dependencias del complejo aduanero El Loa.
El hecho más reciente, ocurrido este 28 de enero, implicó la sustracción de cerca de 3.600 metros de cables de cobre y 13 postes derribados, generando la interrupción del suministro y obligando a desplegar extensas labores de reconstrucción de la red eléctrica, que afectó a 244 familias y servicios entre la Caleta Río Seco y la Aduana El Loa.
Este no es un hecho aislado. Durante 2025, en la región de Tarapacá se registraron 57 eventos de robos de cables eléctricos, que significaron un costo de más de 435 millones para la reparación, mientras que en lo que va de 2026 —en menos de un mes— ya se contabilizan 2 nuevos episodios sólo en la comuna de Iquique, evidenciando una tendencia al alza y una operación delictual sostenida en el tiempo.
El impacto del robo en la comunidad
Como consecuencia directa de estos robos, se estima que 27.945 familias de la región de Tarapacá se han visto afectadas por interrupciones del suministro durante 2025.
En total, los cortes registrados en distintos sectores de la región acumulan 474,6 horas sin suministro eléctrico, lo que equivale a más de 19 días de interrupciones, una cifra que refleja la gravedad y recurrencia de estos delitos, con impactos directos en la vida cotidiana, la seguridad y el funcionamiento de servicios esenciales.
Debido a la gravedad de estos hechos, la distribuidora ha presentado más de 15 querellas asociadas al robo de cables en la zona desde el 2021, sin resultados concretos hasta la fecha, lo que refuerza la sensación de impunidad con la que operan estas bandas organizadas.
Desde CGE manifestaron su preocupación por la inacción de las autoridades responsables de la seguridad pública, advirtiendo que mientras no existan medidas efectivas de prevención, persecución penal y control territorial, como el endurecimiento de las penas por robo de cables, estos delitos seguirán afectando a la comunidad y a la infraestructura crítica del país.
En este sentido, el director regional norte de CGE, Gabriel Barraza, señaló: “Estamos frente a un delito reiterado, ejecutado por bandas organizadas, que afecta a miles de personas, familias, emprendimientos y servicios esenciales del país. Hemos presentado quince querellas por robos en Iquique, participado en mesas de trabajo con autoridades y entregado antecedentes, pero los resultados no están a la vista. Es urgente que las autoridades asuman este problema con la prioridad que corresponde y actúen de manera efectiva. Ya que afecta directamente la seguridad y calidad de vida de la comunidad”.
Finalmente, la compañía reiteró el llamado a que las autoridades tomen contacto directo para abordar esta situación con la urgencia que requiere, enfatizando que el robo de cables ya no es un problema operativo, sino un problema de seguridad pública y de impacto país.