Los cambios normativos incluidos en las recientes publicaciones en el Diario Oficial, el Decreto Supremo 29 sobre Integración y la Ley de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial, entregan herramientas que mejoran y hacen más efectivo el sistema de planificación, permitiendo que se cumplan los objetivos de avanzar hacia ciudades más integradas, con igualdad de acceso a distintos equipamientos y servicios públicos a sus habitantes.
El titular de Vivienda y Urbanismo destacó que estos nuevos cuerpos normativos apuntan a un mismo objetivo: lograr la integración de las ciudades, con la nueva ley estableciendo el marco y el decreto permitiendo su implementación.
Miércoles, 18 de febrero de 2026.- El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró esta mañana la publicación de dos cuerpos normativos impulsados por el ministerio a través de su División de Desarrollo Urbano, que promueven una mejor y más efectiva planificación de los territorios con el objetivo de avanzar hacia ciudades más integradas social y urbanísticamente.
En particular, el primero de estos dos hitos normativos, altamente relevantes para la gestión del Minvu y para la planificación y gestión urbana, el Decreto Supremo 29/2024, se publicó este sábado 14 de febrero en el Diario Oficial y apunta a modernizar distintos aspectos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en materias como integración social, déficit habitacional, gestión de suelo y cambio climático. En tanto que el segundo, la Ley N° 21.807 de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial, publicada ayer martes 17, modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país.
Al respecto, el ministro Carlos Montes señaló que “desde el Minvu impulsamos estos cambios normativos que apuntan a un mismo objetivo: mejorar la planificación urbana para avanzar en la integración social, que las ciudades en Chile sean menos segregadas, que ofrezcan las mismas oportunidades a sus habitantes, con acceso a espacios y equipamientos urbanos fundamentales para una buena calidad de vida en ciudad, como transporte, parques urbanos, centros de salud y educacionales, entre otros”.
Asimismo, el secretario de Estado explicó que “tenemos una ley, la de Integración Social y Urbana y su reglamento, que establecen un objetivo, pero el sistema de planificación para lograrlo se mostraba lento y rígido, con instrumentos desactualizados, tramitaciones que pueden demorar tres a más de seis años y con herramientas de gestión insuficientes. Por eso esta reforma estructural que estos dos cuerpos normativos recientemente publicados introducen, pone énfasis en un mejor y más efectivo sistema de planificación, con plazos racionales, con mayor adaptabilidad y herramientas de gestión urbana, para que los procesos terminen en los tiempos que correspondan, se desarrollen con criterios de inclusión y avancemos decididamente hacia ciudades más integradas”.
En síntesis, el impacto que establece el nuevo marco legal introducido por la Ley 21.807 y el DS 29 que actualiza la OGUC y que permite la implementación de esta ley, se resume en:
Integración: se refuerza que la planificación territorial debe incorporar criterios de integración e inclusión social y urbana, promoviendo acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes.
Planificación más oportuna: la reforma apunta a enfrentar la desactualización, rigidez y lentitud de los instrumentos de planificación, que pueden demorar entre 3 y más de 6 años, generando incertidumbre y conflictos.
Mayor certeza y coordinación: se modernizan reglas, competencias e instrumentos para reducir incertidumbre normativa y fortalecer coordinación entre niveles y actores.
Gestión urbana con más herramientas: se consolidan/fortalecen instrumentos para habilitar suelo, regenerar y reconvertir áreas urbanas, y apoyar proyectos de interés público.
Implementación ordenada: se acompañará con orientaciones internas (circulares/instrucciones) para facilitar aplicación práctica y transición en procedimientos en trámite.