En relación con los cuestionamientos surgidos a partir de la designación de la jefatura de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, como Fiscal Regional quiero señalar lo siguiente:
La decisión adoptada fue realizada considerando exclusivamente criterios de confianza profesional, experiencia y conocimiento previo del trabajo de la persona designada, quien ya había trabajado previamente en el Ministerio Público, incluso con cargos de jefatura en la administracion de fiscales regionales anteriores. Sin embargo, reconozco que, dadas las circunstancias, esta designación puede afectar la percepción de imparcialidad que debe resguardar el Ministerio Público.
Por esta razón, he solicitado su renuncia al cargo, decisión que ha sido acogida.
Como institución, y como autoridad regional, tenemos el deber no solo de actuar con apego a la legalidad, sino también de resguardar la confianza pública en nuestras decisiones. En ese marco, asumo que esta situación debió ser evaluada con mayor cuidado.
Reitero mi compromiso con los principios de probidad, transparencia y objetividad que rigen el actuar del Ministerio Público, así como con el correcto funcionamiento de la Fiscalía Regional de Tarapacá.