“La seguridad y los derechos no son incompatibles”, señaló el jefe regional (s) Carlos Baeza. “Una política pública legítima es aquella que protege a las personas sin vulnerar su dignidad, especialmente en territorios con alta complejidad como el nuestro”, concluyó.
La sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su Cuenta Pública 2025, en la que destacó los principales avances y desafíos en la región. Entre otras materias, en la ceremonia se destacaron las doce acciones judiciales que la sede emprendió el año pasado, entre ellas la condena obtenida en contra de integrantes del Tren de Aragua, que recibieron condenas de 15 a 20 años por trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y asociación lícita.
El jefe (s) de la sede de Tarapacá del INDH, Carlos Baeza, señaló que “la seguridad y los derechos no son incompatibles (…) una política pública legítima es aquella que protege a las personas sin vulnerar su dignidad, especialmente en territorios con alta complejidad como el nuestro”, puntualizó.
En la Cuenta Pública, el jefe regional (s) indicó que la sede realizó 125 actividades de formación y difusión de derechos humanos, alcanzando a 4.538 personas. También dio a conocer que durante 2025 la oficina regional del INDH registró 468 atenciones a la ciudadanía, de las cuales 249 correspondieron a personas pertenecientes a grupos de especial protección, como mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, entre otras.
Además, informó que se desarrollaron 203 acciones administrativas, principalmente mediante oficios e intervenciones frente a situaciones críticas como desalojos y acceso a la salud. Asimismo, destacó que el trabajo del INDH en la región también incluyó participación en espacios de colaboración con diversas instituciones.
“En la región vemos que las principales tensiones en derechos humanos se centran en contextos de migración, seguridad y acceso a derechos sociales. Nuestro trabajo durante 2025 se enfocó en intervenir de manera concreta, tanto a través de acciones judiciales como administrativas, para asegurar que la respuesta del Estado se ajuste a los estándares de derechos humanos”, expresó el abogado.
Entre las autoridades estuvieron el fiscal regional (s) Hardy Torres; el seremi (s) de Obras Públicas, Eduardo Cortés; la directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Liliana Romero; la directora regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Alejandra Altamirano; el director regional del Sence, Iván Escares; la coordinadora de Tarapacá de la Defensoría de la Niñez, Daniela Valencia; el jefe de la Sección de Derechos Humanos de la Primera Zona de Carabineros, teniente coronel Javier Fuentes; el jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Zona Policial de la PDI, comisario Alexis Muñoz; y el subdirector nacional norte (s) de Conadi, Dev Thadani.
Durante la ceremonia, la sede entregó también a las autoridades el Informe Anual 2025 del INDH, cuyos capítulos abordan el derecho a la verdad; corrupción y rendición de cuentas; debida diligencia empresarial; libertad de expresión y límites a los discursos de odio; derecho a la educación; y migración y acceso a derechos económicos y sociales.