Luego que la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá presentara la totalidad de su prueba en el juicio oral, el tribunal resolvió condenar a dos acusados chilenos (de 26 y 28 años) a las penas de 10 años y un día de presidio para cada uno de ellos, como autores del delito de homicidio de un hombre, a quien trasladaron hasta una quebrada al interior de la región, donde le dispararon causándole la muerte. Su cuerpo fue encontrado dos años después, tras una larga investigación con la Policía de Investigaciones.
De acuerdo a lo que se probó en el juicio, el 22 de septiembre del 2022, cerca de las 13:00 horas, la víctima -chileno, de 28 años- salió desde su domicilio ubicado en la comuna de Alto Hospicio, a bordo de una camioneta marca Mitsubishi, modelo Dakar L200, en compañía de los acusados F.S.M.M. y K.I.Z.V., quienes portando armas de fuego lo trasladaron hasta la Ruta A-527, específicamente al kilómetro 5 en la quebrada de Quipisca, en la Provincia del Tamarugal, lugar donde le propinaron al menos dos disparos, uno en el tórax y otro en la pelvis, ocasionándole con ello la muerte, para posteriormente abandonarlo en el lugar.
Al percatarse de que la víctima no regresaba a su domicilio al día siguiente, la familia ingresó la denuncia por presunta desgracia, con la cual la Fiscalía instruyó una serie de diligencias investigativas a la PDI, además de realizarse búsquedas con apoyo del Ejército y drones de la Delegación Presidencial en el sector del último punto que marcó el traqueo del GPS de la camioneta en que se trasladaba la víctima.
A inicios de septiembre del año 2024, un trabajador encontró unos restos humanos en la quebrada de Quipisca, los que fueron periciados por el Servicio Médico Legal verificándose que correspondían a la víctima desaparecida.
En el juicio la Fiscalía presentó los testimonios de los funcionarios policiales que estuvieron a cargo de las diligencias que permitieron clarificar cómo habían ocurrido los hechos y la participación de los acusados, en especial los análisis de los registros de los tráficos telefónicos y del rastreo satelital del vehículo, que dieron cuenta de los traslados de los imputados junto a la víctima y que desmintieron las supuestas acciones que ellos habían indicado como coartada.