En prisión preventiva quedaron un hombre y una mujer formalizados por la Fiscalía Local del Tamarugal, luego de ser detenidos por Carabineros de Pozo Almonte portando drogas y arma de fuego, en el marco de controles focalizados realizados en el sector de las tomas Prolongación del Poblado Andino de la comuna.
En la audiencia de formalización, el abogado asistente Sebastián Barahona expuso que el 24 de marzo de 2026, alrededor de las 12:50 horas, mientras personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte realizaba diligencias propias de su especialidad en el sector, intentaron fiscalizar a una mujer chilena identificada con las iniciales O.C.D., con el fin de verificar si mantenía órdenes de detención vigentes. Al advertir la presencia policial, la imputada apresuró el paso hacia su domicilio, desobedeciendo la instrucción de detenerse pese a que los funcionarios se identificaron como tales.
Una vez en el interior del inmueble, el personal policial observó que desde allí se arrojaban dos paquetes hacia el exterior. Posteriormente, la mujer salió del domicilio acompañada del coimputado, identificado como H.O.C., de nacionalidad venezolana, tras lo cual ambos intentaron huir del lugar y el hombre arrojó al suelo dos objetos que aparentaban ser armas de fuego, siendo finalmente alcanzados y detenidos por el personal policial.
Ante la situación de flagrancia, los funcionarios policiales ingresaron al inmueble, encontrando diversos elementos destinados a la dosificación de drogas, 158 gramos de pasta base de cocaína y tres frascos de ketamina. Además, verificaron que los paquetes arrojados desde el domicilio contenían 867 gramos de marihuana y que los objetos lanzados por el imputado corresponden a una pistola con dos cargadores y munición calibre 9 mm.
Finalmente, la Fiscalía formalizó a ambos imputados por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida por el tribunal de garantía al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y considerando especialmente que ambos mantenían causas vigentes por delitos similares y se encontraban sujetos a medidas cautelares previas. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.